Panamá, 28 octubre 2021

Panamá dejó tiene asignaciones pendientes en materia de lucha contra la corrupción según el último Informe de Gobernabilidad Democrática. Durante su participación en el programa En Contexto Olga de Obaldía, Directora de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo panameño de Transparencia Internacional) recordó que el país asumió compromisos en la octava Cumbre de las Américas que incumplió.

Según lo pactado por los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) Panamá debió trabajar en función de una lista de 57 mandatos específicos para combatir la corrupción y fortalecer la gobernabilidad. Los mandatos del compromiso de Lima están divididos en dos vertientes, la práctica y la normativa. Y en el 2019 el capítulo panameño de Transparencia Internacional junto a 8 oenegés crearon un observatorio ciudadano para dar seguimiento al cumplimento de los acuerdos.

Panamá fracasó en cumplir sus compromisos, según De Obaldia. El país cumplió en promedio con menos del 50% de lo establecido en cada uno de los 19 mandatos evaluados.

Uno de los retrocesos más significativos fue el uso rampante de las cláusulas de excepción en las contrataciones directas durante la pandemia. En Panamá el gobierno ha utilizado el estado de emergencia y las cláusulas de excepción en las leyes de contrataciones públicas para campañas publicitarias y hasta eventos culturales relacionados al bicentenario de Panamá.

De Obaldia subrayó la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en materia jurídica. Para la directora del capítulo panameño de Transparencia Internacional la lucha contra lo ilícito y en especial la corrupción requiere de herramientas internacionales ya que el crimen está organizado en todo el mundo.

Según Obaldia, el carácter presidencialista del sistema político panameño también fomenta la politización de los mecanismos de control del poder a través de la designación de personas de confianza en cargos de liderazgo de la fuerza pública en vez de profesionales técnicos de carrera.

La pobre calificación de Panamá en el Informe de Gobernabilidad Democrática es una radiografía de un problema que se acrecentó durante la pandemia. En el 2021 las calificadoras de riesgo internacional rebajaron las perspectivas del país y de no corregir el rumbo la GAFI amenazó con colocar a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales tan pronto como en febrero del 2022.

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