Panamá, 22 de diciembre de 2022

Expertos coincidieron este jueves en un foro organizado por APEDE, que no es viable que el Estado panameño y Minera Panamá resuelvan sus diferencias legales a través de arbitraje internacional.

El futuro del contrato minero todavía sigue en el limbo, pese a que sectores empresariales recomiendan un acuerdo ``ganar ganar" entre las partes antes que el escenario se agudice, tomando en cuenta los más de 5 mil empleos directos.

Pese a que la Ley 9 de 1997 fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, el contrato administrativo de concesión de Minera Panamá todavía tiene validez, pues así lo interpreta el exmagistrado Edgardo Molino Mola.

El exministro de Economía y Finanzas, Fernando Aramburú Porras, se suma a las voces que esperan resultados en los próximos días para evitar ir a jurisdicciones internacionales. Reconoció que los aportes con el contrato actual son mínimos en comparación a las bonanzas.

Sobre la tesis de que el Estado administre la minera, surge la preocupación que esta estrategia se convierta en un botín político.

El gobierno de Laurentino Cortizo estableció 10 días hábiles para que la empresa comunique los pasos que seguirá para activar el plan de mantenimiento que paralizará las exportaciones de minerales.

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