Panamá, 11 de abril de 2022
El fallo unánime de los nueve magistrados de la máxima corporación de justicia declaró inconstitucional el fuero y el privilegio de la clase política de los gobiernos locales, que por años gozó de una doble remuneración. 

Datos de la Contraloría muestran que 30 alcaldes y 173 representantes tenían licencias con sueldo. Los pagos amparados en la ley de descentralización representó un gasto para el Estado por 3.9 millones de dólares anuales.

En medio del pronunciamiento de la Corte, la Asamblea Nacional  tiene en segundo debate el Proyecto de Ley que otorga el privilegio; algunos diputados esperan que el artículo sea eliminado.

Los alcaldes y representantes en plena pandemia devengaron ingresos en concepto de salarios, dietas, licencias con sueldo, gastos de representación y gastos de movilización.

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